La disputa de aguas territoriales entre Colombia y Nicaragua sube de tono tras el nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que sentenció que Bogotá viola la soberanía y jurisdicción nicaragüense del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses y ordenó que cesen «de forma inmediata».
Desde la isla de San Andrés, el presidente colombiano, Iván Duque, respondió que su Gobierno no permitirá que Nicaragua «limite los derechos de su país ni de la comunidad raizal».
«Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y han tenido históricamente. Y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país tal y como lo ha venido haciendo históricamente», enfatizó.
Duque anunció que continuarán la protección del medio ambiente marino y la lucha contra el tráfico de drogas, uno de los argumentos de su país para patrullar la zona.
Su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, consideró su reacción «como un insulto y una agresión contra su país».
«En lugar de decir vamos a acatar la sentencia de la Corte, la reacción de Colombia ha sido de insultar, de agredir a Nicaragua. Esperamos que las palabras del presidente de Colombia se queden en palabras», aseveró.
«Colombia mueve sus embarcaciones de guerra en aguas que no les pertenecen», agregó Ortega.
El presidente de Nicaragua reiteró que Colombia «violó los derechos soberanos y la jurisdicción» de su país en su zona económica exclusiva.
«Por lo que ha hablado hasta el momento el gobierno de Colombia dudamos totalmente que estén dispuestos a acatar el fallo. Nosotros sí, en nombre de nuestro pueblo, le demandamos, le exigimos que acaten el fallo, que den un paso en respeto al derecho internacional y en respeto a la paz», sentenció.
Los dos países, que están separados por Panamá y Costa Rica, reclaman la soberanía de San Andrés y Providencia, islas ubicadas frente a la costa atlántica de Nicaragua, al igual que varios cayos y un área de casi 50.000 kilómetros cuadrados de aguas de pesca.
Esta controversia entre los dos países tiene su origen en una sentencia de la propia CIJ de 2012, que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero admitió la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes.
En 2013, Nicaragua presentó una queja ante el tribunal alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en aguas que estaban bajo su jurisdicción, y, desde entonces, el proceso se debatía en La Haya.
Colombia alegó que esto se debía al cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental de las aguas.
Además, la delegación colombiana presentó contrademandas a Nicaragua, incluyendo una por violar los derechos de comunidades que habitan esas islas y que practican pesca artesanal y de subsistencia desde hace siglos en la región.
Esa demanda, sin embargo, no fue admitida por la corte. La CIJ desestimó también una demanda de Nicaragua sobre la alegada emisión de permisos de exploración petrolera por parte de Colombia.
No obstante, señaló en sus considerandos que Colombia sí «ha violado sus obligaciones internacionales» al autorizar actividades de pesca en aguas bajo jurisdicción de Nicaragua.
